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El dies a quo en la prescripción de la acción civil derivada de accidente de circulación

Juan J. Hurtado Yelo

Magistrado. Doctor en derecho

Tráfico y Seguridad Vial, Nº 155, Sección Temas de actualidad, Noviembre 2011

LA LEY 19195/2011

I. INTRODUCCIÓN

La producción de un accidente de circulación además de generar en muchos casos un drama humano de diversas consecuencias, desde el punto de vista jurídico hace nacer una acción penal que va dirigida al castigo jurídico penal de la conducta del que ha causado el siniestro, es decir, del culpable penal, y por otro lado, nace una acción civil que tiende a la indemnización de los daños y perjuicios derivados del siniestro.

Pues bien, en relación con la acción civil que nace de un accidente de circulación, surgen en la doctrina y en la jurisprudencia determinados problemas, siendo los más interesantes los relativos a la prescripción de la misma.

El instituto de la prescripción de acciones ha sido definido por sentencias como la de AP Cáceres, Sección 1ª, Rec. Núm. 110/2007, de 30 Mar. 2007, como «la extinción de un derecho ante la razón objetiva de su no ejercicio por el titular, y a fin de evitar la inseguridad jurídica». En este caso, el derecho que se extingue es el de ejercicio de la acción que no se ha llevado a cabo, derecho íntimamente vinculado con el «mayor» previsto en el art. 24 CE, derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos legítimos.

Dos aspectos hay que destacar antes de entrar de lleno en algunos problemas de la prescripción. El fundamento de la institución de la prescripción no es el valor de la justicia, reconocida en el art.1.1 C.E. (LA LEY 2500/1978), sino la seguridad jurídica, así lo reconoce la STS Sala Primera, de lo Civil, de 17 Mar. 1986. Ello obedece a que no se puede situar a las personas, físicas o jurídicas, frente a las que se dirige la acción en una permanente situación de inseguridad, concretando la misma en si se le reclamará o no la posible indemnización, lo que lleva a concluir que la acción tiene que tener un tiempo de vida para su ejercicio, transcurrido el cual sin ser accionada, debe considerarse prescrita dicha acción.

Desde otro punto de vista, hay que decir que dos son los elementos que componen este instituto de la prescripción (1) : el transcurso del plazo previsto en la ley sin su ejercicio y, en segundo lugar, un elemento subjetivo de difícil prueba, la existencia de un voluntario abandono de su derecho por los titulares de la acción.

Sentado lo anterior procede analizar algunos problemas que surgen al hablar de la prescripción de la acción civil. Así pues, se analizará cuándo se produce exactamente el inicio del plazo de prescripción de la acción civil, y cómo ha de interpretarse, es decir, si ha de ser una interpretación extensiva o restrictiva, haciendo especial hincapié en la influencia de la declaración de incapacidad en dicho momento inicial.

II. LA FECHA DE INICIO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL: EL DIES A QUO

Las acciones dirigidas a exigir una pretensión, ya sea declarativa, de condena, etc., tienen un plazo máximo para ser ejercitadas, y ello, como se ha dicho, por razones de seguridad jurídica. Por lo tanto, transcurrido el plazo de ejercicio de una acción si no se ha ejercitado, se extingue la misma, y ya no se puede realizar, es decir, no se puede reclamar por ese concepto.

Las acciones civiles derivadas de un accidente de circulación son acciones derivadas de una responsabilidad extracontractual, y ello porque no existe relación contractual entre el que origina o causa el siniestro y el perjudicado por dicho siniestro. El plazo genérico de prescripción de una acción de responsabilidad extracontractual es de un año, como establece el art. 1968.2 Código Civil (LA LEY 1/1889), y el inicio del plazo de prescripción de estas acciones comienza, como dice el art. 1969 Código Civil, desde el día que pudieron ejercitarse, siendo pues cuestión controvertida en este caso determinar cuándo comienza dicho plazo y, por ende, cuándo se entiende que se puede ejercitar una acción civil derivada de un accidente de circulación.

La jurisprudencia tanto de las Audiencias Provinciales como la del Tribunal Supremo se ha decantado de forma uniforme, considerando como fecha de inicio de la prescripción de las acciones personales dirigidas a reparar daños y perjuicios la fecha efectiva de determinación del alcance de los daños y perjuicios, es decir, cuando el perjudicado sabe a ciencia cierta qué lesiones y secuelas tiene, la dimensión exacta de los perjuicios producidos por el siniestro.

El TS en sentencias como la núm. 923/1999 (Sala de lo Civil), de 10 noviembre, ha dejado bien claro cuál es el criterio del Tribunal en esta cuestión, «esta Sala tiene reiteradamente declarado que, en los supuestos de reclamación de indemnizaciones por lesiones, el plazo de prescripción iniciará su cómputo en el momento en que el enfermo o lesionado sea dado de alta médica por finalización del tratamiento y puedan conocerse de manera cierta las secuelas persistentes».

En la misma línea la STS núm. 97/1994 (Sala de lo Civil), de 14 febrero, también sitúa la fecha de inicio en el conocimiento definitivo del alcance de las lesiones, «el momento del comienzo del cómputo del plazo prescriptivo ha de referirse siempre, cuando de lesiones causadas por culpa extracontractual se trate, al día en que, producida la sanidad, se conozcan de modo definitivo los efectos del quebranto padecido determinado en el correspondiente dictamen pericial (sin perjuicio de las secuelas que subsistan de un modo permanente), ya que tal cómputo no se inicia hasta la producción del definitivo resultado, cuando no es posible fraccionar en hechos diferenciados la serie proseguida».

También ha de destacarse alguna sentencia de las Audiencias Provinciales sobre esta materia. Así la SAP Madrid, Sección 25ª, número 440/2008, de 7 Oct. 2008, que considera que la fecha de inicio de prescripción de la acción debe computarse desde que se conoce el alcance total de las lesiones que sufre el perjudicado, «planteado el problema sobre el día partir del cual debe considerarse fecha inicial del cómputo o dies a quo del plazo de un año para el ejercicio de la acción de responsabilidad civil por culpa extracontractual, en este caso es claro, una vez determinadas las secuelas y el alcance de las lesiones». En el mismo sentido, la SAP Barcelona, Sección 16ª, núm.419/2007, de 5 Sep. 2007, dispone que, «cabe afirmar que la determinación global del daño corporal padecido por la aquí demandante no se consiguió razonablemente hasta poco antes de la presentación de la demanda judicial, de tal modo que la oportuna acción resarcitoria sólo pudo ser ejercitada desde entonces, de conformidad con lo prevenido en el art. 1969 del Código civil».

Más reciente en el tiempo es la SAP Salamanca, núm. 408/2010, de 2 Nov. 2010, que en una discusión acerca del momento en que el perjudicado puede efectuar su reclamación por los daños y perjuicios derivados de un accidente de circulación, hace una exégesis muy completa del art. 1969 C civil (LA LEY 1/1889) y de la regla que allí se contiene, llegando a la conclusión que ha de esperarse a la sanidad del perjudicado para poder fijar el inicio del plazo de prescripción de la acción civil, «nuestro código civil ha resuelto la cuestión a través de una regla general que se contiene en el artículo antes citado, acompañado de una serie de reglas especiales. La regla de nuestro código civil presenta un perfil más práctico que teórico y alude simplemente a la posibilidad de ejercicio: desde que pudieran ejercitarse. Lo que significa, según hemos dicho, no sólo un poder, sino también un tener que, para desvanecer cualquier situación de confianza o de silencio. La posibilidad de ejercicio ha de valorarse con carácter objetivo, sin tomar en consideración las circunstancias subjetivas del sujeto del derecho. Pues bien, de acuerdo con la doctrina antes expuesta, y en atención a lo dispuesto en los arts. 1968.2 (LA LEY 1/1889) y 1969 CC (LA LEY 1/1889) EDL 1889/1, (“desde el día en que pudieron ejercitarse”), cuando se ejercita la acción de responsabilidad civil por lesiones, la jurisprudencia viene declarando que el plazo prescriptivo se computa a partir del conocimiento por el interesado, de modo definitivo, del quebranto padecido, porque ese día, el del conocimiento definitivo de su quebranto, es el momento a partir del cual el perjudicado sabe el daño que se le ha causado y puede por ello ejercitar la acción reparadora del mismo que la ley le concede».

En definitiva, la fecha de inicio de prescripción de la acción civil derivada de un accidente de circulación se sitúa en la fecha de sanidad del lesionado, concepto genérico que hay que determinar en cada caso, y de hecho plantea dudas al respecto en numerosas situaciones.

1. Problemas que surgen con la declaración de incapacidad del perjudicado

Como se ha indicado en el apartado anterior, la fecha a quo de la prescripción de la acción civil derivada de un accidente de circulación se cifra de forma muy genérica: el alta del lesionado, y ello puede generar situaciones confusas al respecto. Hay supuestos donde no es tan fácil seguir esa regla general, pues si bien en un momento determinado existe un dictamen médico donde se habla de estabilización de las lesiones con secuelas irreversibles, es cierto que con fecha posterior puede haber una decisión de una Junta Médica u otro organismo donde se fije, como consecuencia de dichas lesiones, una discapacidad del perjudicado, es decir, se establezca una incapacidad permanente del mismo. El problema a dilucidar es si la determinación de dicha incapacidad condiciona la fecha a quo del inicio de la prescripción de la acción, o ha de estarse a la fecha genérica de estabilización de las lesiones.

La jurisprudencia establece un criterio amplio a la hora de determinar la fecha a quo de la prescripción de la acción civil, de tal forma que hasta que el alcance de las lesiones no ha quedado fijado de modo definitivo en su versión, incluso, de declaración de incapacidad, entiende que no se produce este momento.

Así la SAP Castellón, Sección 1ª, núm. de 16 Nov. 2010, en un supuesto donde se discutía si la fecha de inicio de la prescripción de la acción civil era, bien la fecha de sanidad médica, o la fecha de la notificación por el órgano correspondiente de la concesión de la incapacidad permanente al perjudicado, el tribunal se inclina por esta última opción, «no hemos de estar a la fecha del alta definitiva médica sino al momento desde el que el perjudicado tuvo un conocimiento cierto, seguro y exacto de la entidad del daño mismo que ha de considerarse lo es el de la determinación de la incapacidad o defectos permanentes originados en el accidente cuando tras el alta médica se mantienen secuelas residuales que precisan de un tratamiento posterior o, como aquí ocurre, cuando se ha seguido un expediente para dirimir definitivamente cuáles han sido las consecuencias de las lesiones en la capacidad laboral del perjudicado». Parece lógica esta interpretación, pues si el perjudicado lo que quiere es reclamar los daños y perjuicios derivados del siniestro, éstos no se conocen hasta que, en algunos casos, existe una resolución administrativa o judicial que determina la incapacidad del perjudicado para trabajar u otras actividades básicas, lo cual se traduce en una reclamación económica adicional.

La SAP Álava, Sección 1ª, núm.321/2008, de 8 Sep. 2008, va más lejos y considera que incluso aunque haya una primera sentencia de un juzgado de lo Social denegando la incapacidad, si se interpone recurso de suplicación contra ella, hasta que no se resuelve el mismo por la Sala correspondiente, no se inicia el periodo de prescripción de la acción civil, «en base a esta doctrina, en el presente caso el dies a quo no puede de ningún modo fijarse en fecha anterior al 16 de septiembre de 2005, fecha en la que se dictó sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimando el recurso de suplicación interpuesto por él en el presente procedimiento actor frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Gijón de fecha 2 de junio de 2004, sentencia ésta que desestimó la demanda interpuesta por el mismo, demanda en la que se solicitaba que se dictara sentencia por la que se le declarase afectado de Incapacidad Permanente en grado de Absoluta para toda profesión, derivada de accidente».

La SAP Salamanca, Núm. 408/2010, 2 Nov. 2010, sin referirse directamente a la declaración de incapacidad, deja bien claro que la fecha de inicio de la prescripción de la acción civil se da cuando se conoce el alcance definitivo de las lesiones, por lo que se incluye en este concepto la determinación de un estado de incapacidad para su trabajo, y puede por ello ejercitar la acción reparadora del mismo que la ley le concede desde este momento, «el plazo prescriptivo se computa a partir del conocimiento por el interesado, de modo definitivo, del quebranto padecido, porque ese día, el del conocimiento definitivo de su quebranto, es el momento a partir del cual el perjudicado sabe el daño que se le ha causado y puede por ello ejercitar la acción reparadora del mismo que la ley le concede».

El Tribunal Supremo también ha seguido esta línea doctrinal, fijando la declaración de incapacidad como fecha a quo del inicio de la prescripción de la acción. Así la STS núm. 986/2006 (Sala de lo Civil, Sección 1), de 3 octubre, establece:

«La determinación del evento indemnizable no se configura hasta que no se establezcan, con carácter definitivo, las secuelas causadas por el suceso lesivo, de manera que el dies a quo para el cómputo del plazo anual comienza a partir de la fecha en que se tiene constancia del alta médica definitiva o, en su caso, a partir del momento de fijación de la incapacidad o defectos permanentes originados por aquél». Es decir, ha de estarse a la determinación definitiva del alcance de las secuelas, entendiendo por tal no sólo su delimitación genérica, sino la funcionalidad de la misma sobre la actividad diaria de la persona.

La STS núm. 99/2006 (Sala de lo Civil, Sección 1), de 1 febrero, por otro lado, «sitúa el dies a quo no a partir de la fecha en que el perjudicado tiene constancia del alta médica definitiva sino del momento en que queda determinada la incapacidad o defectos permanentes originados cuando tras el alta médica se mantienen secuelas residuales que precisan un tratamiento posterior, o, como sucede en el caso de autos, cuando se ha seguido expediente para dirimir, definitivamente, cuál ha sido la repercusión de las lesiones en la capacidad laboral del trabajador pues solo entonces se dispone de un dato, incapacidad, que afecta esencialmente a la determinación del daño padecido».

Más cercanas en el tiempo son las sentencias del mismo Tribunal, como la de la Sala Primera, de lo Civil, núm.308/2010, de 25 May. 2010, donde se deja bien claro que el plazo de inicio de la prescripción no comienza hasta que no se sabe de forma definitiva el alcance de las lesiones producidas en el accidente, «es reiterada la doctrina jurisprudencial de que no puede entenderse como fecha inicial del cómputo la del alta en la enfermedad, sino la de la determinación del efecto de invalidez de las secuelas, es decir, el momento en que queda determinada la incapacidad o los defectos permanentes originados, pues hasta que no se conoce su alcance no puede reclamarse con base en ellas, ya que es en ese momento cuando el perjudicado tiene un conocimiento preciso de la entidad de los perjuicios».

Por lo tanto, habrá de estar para determinar el inicio de la prescripción de la acción por responsabilidad extracontractual, a la determinación del alcance definitivo de las lesiones, entendido en un sentido amplio, es decir, todas las consecuencias que puedan generar dichas lesiones.

2. Interpretación de las reglas sobre el inicio de la prescripción de una acción civil

Sentado en apartados precedentes, la fecha de inicio de prescripción de la acción civil derivada de accidente de circulación, y siendo ésta la fecha en la que ha quedado determinada la sanidad de las lesiones del perjudicado, o han quedado fijadas sus lesiones, entendidas en sentido amplio, incluyendo sus últimas consecuencias, incapacidad, se puede apreciar que dicho concepto es un tanto genérico o indeterminado, por lo que va a producir situaciones de duda e inseguridad, donde el resultado será diferente de acordar un criterio restrictivo de interpretación favorable al perjudicado, o un criterio extensivo que será más beneficioso a la compañía de seguros, pues supondrá ampliar en número los supuestos de inicio de la prescripción de la acción civil. No será igual considerar como fecha de inicio de la prescripción civil, el mero hecho que el perjudicado pueda llevar una vida normal, que condicionar dicha fecha a quo, a una declaración médica que así lo indique, problema pues que puede suscitarse en múltiples casos, dado lo variado de la casuística existente.

Pues bien, la jurisprudencia es bastante unánime al respecto, y fija una interpretación restrictiva de la regla general sobre el inicio de la prescripción de las acciones civiles derivadas de accidente de circulación, de tal forma que sólo cuando quede patente de modo claro la sanidad del perjudicado, con la determinación de sus lesiones y secuelas, comenzará dicho inicio.

Así la STS núm. 614/2005 (Sala de lo Civil, Sección 1), de 15 julio, establece como regla general para interpretar la prescripción de la acción, «la prescripción como instituto no basado en la justicia intrínseca, debe sujetarse a un tratamiento restrictivo, de tal modo que en cuanto se manifieste el animus conservandi debe entenderse queda correlativamente interrumpido el tempus paescriptionis. Aquí se refiere de modo primordial al ejercicio de la acción civil, pero dicha interpretación debe de trasladarse al inicio del plazo de prescripción».

En el mismo sentido, y de modo más detallado, la STS núm. 993/2003 (Sala de lo Civil, Sección Única), de 29 octubre, dice que, «siendo la prescripción una institución no fundada en principios de estricta justicia, sino en los de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y en el de la seguridad jurídica, su aplicación por los tribunales no debe ser rigurosa, sino cautelosa y restrictiva».

Ello significa que, como lo que se quiere producir con la prescripción de la acción es evitar una situación de permanente inseguridad en el demandado, debe de hacerse una interpretación amplia tanto del inicio del plazo de prescripción de la acción, como de los actos tendentes por el perjudicado para interrumpir dicha prescripción.

También la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales ha defendido un criterio restrictivo a la hora de señalar cuándo estamos ante el dies a quo del inicio de la prescripción civil. La SAP Murcia Sección 1ª, núm.646/2010, de 14 Dic. 2010, aunque referido al inicio de la prescripción de la acción civil, cuando ha habido un proceso penal previo, establece que, «el instituto de la prescripción debe ser interpretado de modo restrictivo al no fundarse en principios de estricta justicia sino en el de seguridad jurídica y abandono del derecho subjetivo, debiendo aplicarse el plazo del año de prescripción del art. 1968 del Código Civil (LA LEY 1/1889) a favor del ejercicio de la acción».

La SAP Salamanca, núm. 408/2010, 2 Nov. 2010, sin llegar a hablar de interpretación restrictiva del inicio del plazo de prescripción de la acción civil, sí deja claro que se inicia cuando no existe impedimento alguno al respecto, incluyendo dentro de los impedimentos la determinación o no del alcance definitivo de las lesiones, pues «para el comienzo de la prescripción es preciso asimismo que hayan desaparecido los obstáculos del ejercicio del derecho, establecidos por la ley o por la voluntad de las partes: el cumplimiento del plazo en los derechos aplazados; la realización del evento, en los derechos condicionales y el cumplimiento de las condiciones legales o "condiciones iuris”».

En el mismo sentido la SAP Huesca, núm. 250/2010, de 24 Nov. 2010, señala, aunque en relación con la existencia de dudas sobre el lugar del siniestro y su autor considera que da lugar a cierta confusión a la hora de dirigir la acción frente al causante de los hechos, que la prescripción «merece un tratamiento restrictivo, en perjuicio de quien la alega, puesto que no está fundada en razones de estricta justicia, sino de seguridad jurídica».

III. CONCLUSIONES

Analizados pues los problemas más importantes que suscita el dies a quo de la prescripción de la acción civil derivada de un accidente de circulación, es decir la fecha de inicio de la misma, debemos sentar las siguientes conclusiones:

  • * Es de aplicación para estos supuestos de reclamación por responsabilidad extracontractual el art. 1969 C civil. Es decir, la fecha de inicio es desde el día que se pudo ejercitar. Esta disposición se interpreta en sede de accidentes de circulación, en el sentido que el inicio de la prescripción de la acción se produce desde la fecha de la determinación de la entidad de las lesiones y secuelas en el perjudicado.
  • * En el supuesto que de las lesiones y secuelas padecidas por el perjudicado se derive una situación de incapacidad, no comenzará la prescripción de la acción civil sino hasta que se determine ésta de un modo definitivo.
  • * Toda la casuística existente en torno a la fecha de inicio de la prescripción de una acción civil debe interpretarse de forma restrictiva, y en favor del perjudicado, pues no se trata de una institución basada en la justicia sino en la seguridad jurídica.
(1)

Magro Servet, Vicente, «La prescripción para el ejercicio de la acción civil en los accidentes de circulación», Revista tráfico y Seguridad Vial, nº 120, Diciembre 2008, Pág. 1.

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